Menos
del 3 por ciento del total se usa para construir más escuelas, darles
una manita de gato a las que ya están y evitar que los baños escolares
nacionales se colapsen. No hay un presupuesto para pagar los servicios de luz, teléfono y agua. Es
más, se sorprenderá usted al saber que no existe en todos los rubros
uno específico para el pago de los tan necesarios gises y plumones. Tenemos escuelas que sobreviven de puro milagro, a la mexicana.
Sin embargo México en los últimos años ha aumentado de manera espectacular los recursos que se destinan a esta área prioritaria. De acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en 1994
el gasto público por alumno fue de 9,000 pesos mientras que el 2008 la
cifra se elevó a poco más de 14 mil, un aumento de 36 por ciento en 14
años. Pero entonces ¿qué está pasando que no podemos poner
orden en la casa?, bueno a ciencia cierta no lo sabemos por el
merequetengue que se traen, solo nos queda claro que el balance
presupuestal no es el más óptimo, ya que de acuerdo a estándares
internaciones, el monto del gasto corriente debería rondar entre un 60 y
un 70 por ciento, dejando el suficiente margen de maniobra para invertir en todo lo demás. Cuando un secretario de educación Pública le diga que no le alcanza, puede confiar en que le está diciendo la verdad.
En un sondeo rápido, una
escuela con 300 alumnos en promedio gasta al año algo así como 26 mil
pesos en luz, 7 mil en agua (solo cuando el bendito comité de padres
anda correteando a los del sistema potable para una condonación) y 8
mil de teléfonos en tarifa comercial especial, lo que hace un gran total
de 41 mil. Dividido entre los alumnos les toca
democráticamente –porque aquí si funciona la democracia- a poco más de
130 por piocha. Esto sin contar los salarios extraordinarios del profe
de inglés, danza etc. y los gastos de mantenimiento mínimo (la
impermeabilizada anual, el aniquilamiento de las ratas y por supuesto
los folclóricos festivales), haciendo que la cifra llamada “cuota
voluntaria” se vaya a los 300 pesos como mínimo. Cuando se
escucha en las marcha y plantones que la consigna es defender la escuela
pública, muchos padres de familia levantamos las cejas y nos
preguntamos ¿defender la escuela de quien o quienes? Para poner
un ejemplo, tan solo en la ciudad de Puebla que tiene más de 900
planteles escolares, se necesitaría un presupuesto anual adicional de 36
millones para hacerlos verdaderamente públicos. Ahora multiplíquelos
por los más de 100 mil que están en todo el país y tendrá una idea la
paupérrima situación en la que nos encontramos.
Algunos de los pasos a seguir para combatir esta situación son sencillos: Primero,
conocer a ciencia cierta en quien y en que se utiliza el gasto
educativo no solo a nivel federal sino en cada estado, aplicando de
manera rigurosa las leyes de transparencia. Segundo, asegurar los mecanismos que permitan hacer más eficiente la administración de la educación (por ejemplo, las famosas secretarias que hacen exactamente lo mismo en dos lugares distintos), y finalmente apostar por destinar mayores recursos a la formación docente y el mejoramiento de la infraestructura escolar. Así de sencillo pero así de complejo.
Mientras tanto, tendremos
en cada uno de los baluartes educativos nacionales a directoras y
directores heroicos defendiendo a-la-Pedro-Infante los pocos recursos
que quedan. Seguirán las mesas directivas preocupándose cada
año por el pago que se vence y rogando que algún funcionario público se
apiade para aplicar los descuentos de rigor. Viviremos pidiéndoles a nuestros niños y jóvenes que piensen en un mundo mejor cuando su realidad les dice todo lo contrario.
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